Redacción
Oaxaca, Oax., a 26 de octubre de 2026.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la semana pasada el caso de la saxofonista María Elena R. O., la defensa de uno de los presuntos responsables, el ex diputado priísta y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, consideró que existe una «embestida regresiva de parte del Estado».
Por ello, solicitó a la Corte un análisis técnico y científico, sin sesgos políticos.
Édgar López García, abogado del imputado, aseguró que el equipo legal ha demostrado en múltiples ocasiones la inocencia de Vera en el ataque de ácido en contra de la saxofonista, ocurrido en septiembre de 2019.
Sin embargo, según su versión, han habido múltiples injusticias.
El 19 de octubre, por mayoría de votos, la SCJN decidió atraer el caso de Ríos Ortiz para analizar los amparos de los acusados respecto a la anulación del fallo en el que se había declarado inocente a Vera Carrizal.
Es decir, la Corte analizará si la juez sustituta podía dar marcha atrás a la resolución.
Este lunes, en conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, López García recordó que el 14 de agosto de 2024 su cliente fue absuelto por el juez José Gabriel Ramírez Montaño. Sin embargo, a los pocos minutos, tras una queja del ministerio público y de María Elena, el juez fue suspendido y el caso lo retomó otra jueza sistituta María Antonieta Esteva.
Bajo el mando de la entonces magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez, aquella jueza dejó sin efecto la boleta de libertad de Vera Carrizal, según explicó el litigante.
Ante esta nueva resolución, el abogado dijo que la defensa interpuso un amparo y luego un recurso de revisión para que se analice la legalidad o no de esa resolución. Sin embargo, el recurso ha dilatado más de dos años, cuando se esperaba su resolución en unos tres meses después de la audiencia.
Además, dijo, la SCJN ha tenido diferentes decisiones en torno a atraer o no el caso de María Elena, lo que pone en entredicho su papel en la impartición de justicia.
El litigante acusó que a más de seis años Vera Carrizal sigue privado de su libertad, bajo la medida de prisión domiciliaria, y sin sentencia.
También aclaró que aunque en esta ocasión la Corta atrajo el caso, el objetivo no es analizar el fondo del asunto (el ataque con ácido y la presunta responsabilidad de Vera) sino la legalidad o no de la cancelación de la boleta de libertad de Vera Carrizal.
Por ello, consideró que existe un sesgo de parte de la ministra Loretta Ortíz, de quien, dijo, ha prejuzgado la responsabilidad de Vera Carrizal.
